INDIANAPOLIS, 9 de julio. 20 / 10:20 am (ACI).- El 7 de julio, los obispos de los Estados Unidos se unieron a mil líderes de otras religiones representativas en el país para firmar una declaración contra las ejecuciones federales que el gobierno planeaba reanudar este mes.

En la declaración, obispos y líderes religiosos firmaron la solicitud de poner fin a las ejecuciones de cuatro reclusos condenados a muerte que serían ejecutados en julio.

«Como líderes religiosos de una amplia variedad de tradiciones, pedimos al presidente Trump y al fiscal general [William] Barr que detengan las ejecuciones federales programadas», dijeron en el comunicado.

«Mientras nuestro país se ocupa de la pandemia COVID-19, la crisis económica y el racismo sistémico en el sistema jurídico penal, debemos centrarnos en proteger y preservar la vida, no en llevar a cabo ejecuciones», añadieron.

Los obispos que firmaron el comunicado son: el arzobispo de Louisville, obispo Joseph Kurtz; el obispo de Owensboro (Kentucky), Don William Medley; el obispo de Salt Lake City, Don Oscar Solís; el Obispo de Davenport (Iowa), el Obispo Thomas Zinkula; y el Administrador Apostólico de Joliet (Illinois), Don Richard Pates.

Además de los sacerdotes católicos, también firmaron diáconos, laicos y líderes pertenecientes a denominaciones cristianas de judaísmo reformista, congregaciones conservadoras judías y budistas, entre otros.

Don Pates escribió una carta adicional en la que afirma que «la Iglesia cree que el castigo justo y necesario nunca debe excluir la dimensión de la esperanza y el objetivo de la rehabilitación».

El verano pasado, el Fiscal General William Barr instruyó a la Oficina de Prisiones (BOP) para reanudar la ejecución de prisioneros federales en el corredor de la muerte por primera vez desde 2003.

Los prisioneros programados para ser ejecutados este mes son Daniel Lewis Lee, Lezmond Mitchell, Wesley Ira Purkey, Dustin Lee Honken y Alfred Bourgeois, condenados por el asesinato de niños y adultos y, en algunos casos, tortura.

Cuatro de los reclusos, Lee, Purkey, Honken y Bourgeois, presentaron una demanda contra el protocolo de ejecución, y en noviembre del año pasado, un juez federal les concedió una orden judicial para poder apelar ante la Corte Suprema.

La Oficina de Prisiones no ha llevado a cabo ejecuciones desde 2003, después de que la administración Obama decidiera revisar el antiguo protocolo de ejecución con tres drogas inyectables letales. Aunque Barr propuso un método de ejecución con pentobarbital, los prisioneros pudieron apelar contra el nuevo protocolo.

El Tribunal de Circuito de D.C. falló en contra de los reclusos y anonció la orden judicial en abril de 2020, y el 29 de junio, la Corte Suprema se negó a escuchar su apelación, permitiendo que las ejecuciones continuaran.

La primera de las cuatro ejecuciones estaba programada para el 13 de julio y la última para el 28 de agosto. Están programados para tener lugar en Terre Haute Federal Prison, Indiana, dentro de la Arquidiócesis de Indianápolis.

El arzobispo de Indianápolis, monseñor Charles C. Thompson, se opuso a las ejecuciones del 18 de junio, destacando su jurisdicción sobre la ubicación de la prisión y afirmando que «la ley suprema de la Iglesia, la salvación de las almas, me obliga a hablar sobre este asunto tan serio»

«Desde el pontificado del Papa Juan Pablo II, la posición católica ha sido que el sistema penitenciario actual es muy adecuado para proteger a la sociedad de los presos que escapan o son liberados ilegalmente», dijo el prelado.

Para Don Thompson, aunque los crímenes de los prisioneros no pueden ser ignorados, «la humanidad no puede permitir que el acto violento de un individuo haga que otros miembros de la humanidad reaccionen con violencia».

«La Iglesia está preocupada por las almas de todas las personas, incluidas las que están en el corredor de la muerte, así que hago esta súplica contra la pena de muerte como última preocupación por el alma eterna de la humanidad», dijo.

El presidente del Comité Nacional de Justicia de los Obispos de los Estados Unidos y también el Arzobispo de Oklahoma City, Don Paul Coakley, pidió al gobierno de los Estados Unidos que detuviera las ejecuciones.

Además, el prelado señaló que el Papa San Juan Pablo II, el Papa emérito Benedicto XVI y el Papa Francisco pidieron el fin de la pena de muerte y afirmó que los obispos estadounidenses votaron principalmente a favor del nuevo lenguaje del Papa Francisco en el Catecismo que califica la pena de muerte como «inadmisible».

 

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